La nueva orden ejecutiva amplía las sanciones contra el régimen de La Habana. La decisión está en consonancia con la emergencia nacional que declarara el Gobierno estadounidense el 29 de enero de 2026 con respecto a la isla.

En sus redes sociales, Chelsea muestra pequeños fragmentos de cotidianidad: la prueba de siembra de caña de azúcar que realiza su padre, las matas de lechuga recién plantadas, los melones que ya dieron fruto, la vaquería y los almacenes donde guardan la comida de los animales. Son escenas que, más que exhibir una propiedad, construyen una narrativa de continuidad: el campo como puente entre la vida que dejaron en Matanzas y la que comienzan en Córdoba.

Díaz-Canel habló ante un medio brasileño de cambios estructurales, pero expertos advierten que las fallas del sistema persisten.

La nueva resolución se inscribe en una tendencia sostenida del Estado cubano por trasladar al sector no estatal las obligaciones antilavado que históricamente recaían sobre el sistema bancario y financiero.

Mientras el discurso oficial del régimen cubano insiste en una supuesta «recuperación» energética en 2025 y culpan a la Administración Trump por la agudización de la crisis actual, los datos de la Unión Eléctrica cuentan otra historia. En paralelo, se multiplican las denuncias sobre prácticas de movilización forzada en centros de trabajo y escuelas de la isla, mientras organismos internacionales y medios independientes documentan nuevos casos de represión, detenciones y restricciones a la libertad de expresión.